Verdades y fábulas de la soja

Por Salvador Treber

Estamos frente a una pelea que busca dirimir el destino de una parte de las ganancias que arroja el cultivo de soja.

En el conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades del campo los representantes del agro acentuaron la presión como nunca antes lo habían hecho.

Al inicio de marzo de 2008 las perspectivas eran inmejorables en rendimiento para el sector que, salvo por vía de las retenciones, no está habituado a pagar impuestos. Prueba de ello es que su producto interno bruto (PIB) representa el 8,4 por ciento de la economía general, pero sus pagos al fisco nacional –sin tomarlas en cuenta– bajan al 4,8 por ciento, mientras que las contribuciones de seguridad social sobre el personal son aun más bajas (3,6 por ciento) debido a que el 69,7 por ciento permanece “en negro”.
El 40 por ciento de los propietarios de bienes rurales pagan el impuesto Inmobiliario, aunque el 60 por ciento no lo ha hecho en los últimos cinco años.

Esta actividad, modificó el proceso productivo, integrando cría e invernada en corrales, establos o avanzando sobre tierras marginales, lo cual permite dedicar las mejores superficies a la soja.

Todo esto sería muy bueno para los productores y el país si al cabo de 10 años, sin la debida rotación de cultivos, no se esterilizara la tierra. Evitarlo requiere una alternancia de siembras; pero no se hace. Allí, por lo tanto, hay una verdadera bomba de tiempo.

Grandes y pequeños propietarios: Un tema adicional, del que se habla muy poco, es la enorme diferencia que hay entre el número de “pequeños propietarios”, que ascienden a 288 mil (según el último censo nacional), mientras que cuando computamos “productores” sólo son 71 mil. Ello se explica porque 217 mil de aquéllos no laboran sus campos, sino que los arriendan y cobran el precio respectivo en una suma equivalente a cierto número de quintales por hectáreas (entre 12 y 20, según su calidad y rendimiento potencial).

Esta característica ha dado lugar al crecimiento de los denominados “pools de siembra” que, pese a constituir el 3,8 por ciento del total (alrededor de 2.800) concentran el 60 por ciento de la cosecha. Una cuarta parte de la soja la generan unos 64 mil propietarios, con un promedio de 1.900 quintales cada uno. Dado que este volumen les permite cubrir algo más que el nivel de supervivencia y reinversión necesaria, un gran número de ellos se “defiende” vendiéndola “en negro” a los “valijeros”, personajes que ofician de intermediarios con los más importantes acopiadores u operan por cuenta de éstos.
Dado que en esos casos no extienden comprobantes, el destino de esa producción se comercializa de la misma forma y, en alta medida, es objeto de contrabando a través de países fronterizos. Esta situación, sin admitirlo, es la que los lleva a rechazar que el Gobierno les haga reintegros, porque no pueden demostrar el volumen producido ni adónde va.

La existencia de derechos de exportación (retenciones) data de 1956 y tal mecanismo rigió siempre, salvo en la década de 1990.

Si el stock disponible se hubiese vendido cuando cortaron rutas y el precio era muy alto hubieran embolsado 2.500 millones de dólares más sobre su valor actual; al margen de 1.350 millones dólares que no recaudó el Gobierno por retenciones. Por lo visto, en los seis meses de conflicto nadie ganó...

No es cierto, como alega el agro, que sin retenciones ellos harían el “milagro” de reactivar al país recuperando dichos ingresos por medio de los demás impuestos. Por lo pronto, su derogación en la exportación de trigo implicaría un automático incremento del precio interno del pan y los fideos, mientras que en el caso del maíz encarecería los alimentos balanceados que inciden en el costo de la carne aviar.

Esta situación no justifica que los miembros de la Mesa de Enlace digan que es inútil negociar “porque no creen nada” de lo que ofrece el Gobierno. Esta aseveración es muy peligrosa, pues llevaría a sostener un conflicto permanente y medir fuerzas hasta que las autoridades aflojen o sean sustituidas por otras. Legalmente, esto sólo es posible en oportunidad de la renovación presidencial, en 2011, ya que la próxima elección parlamentaria no puede provocar un vuelco tan drástico como el que aspiran los quejosos.
Y siempre estará el recurso del veto.

Pese al cuidado que ponen en no dar mayores explicaciones de lo que pretenden en esa materia, al propio presidente de la Federación Agraria Argentina, en el calor de las discusiones, se le “escapó” que el objetivo era “desgastar” al Gobierno. Si bien después trató de modificar y atenuar el significado de esa virtual confesión, es obvio que fue traicionado por lo que piensa en su fuero íntimo.

En la dura emergencia que se vive hoy en el orbe, no hay lugar para los opositores sistemáticos que, quizá sin advertirlo por ser parte de su accionar, se han convertido en verdaderos saboteadores de la tranquilidad pública.

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