La Unidad de Información Financiera tendrá bajo la lupa operaciones sospechosas de personas expuestas políticamente. Se incluye a funcionarios públicos, a extranjeros que desempeñen funciones en el país y autoridades sindicales y de cámaras empresarias.
La resolución crea la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente. Esta lista contempla a todos aquellos sujetos que deberán ser observados y están obligados a reportar el Estado transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero o el financiamiento de acciones terroristas.
Estarán obligados a reportar a la UIF las operaciones de este tipo de actores los bancos, compañías financieras, escribanías y casinos, entre otros.
Estas previsiones abarcan, además, a “los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente, descendente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad y a las personas que sean públicamente conocidas por su proximidad con ellas”, detalla la resolución. En todos los casos, las constancias documentales deberán preservarse por el término de diez años.
Fuente: Mayor control sobre funcionarios
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