domingo, 8 de agosto de 2010

Análisis político

La 125, origen de la crisis política más grave que atravesó el kirchnerismo, fue una decisión de política económica discutible pero en absoluto exótica, tal como se revelaría después.

Pese a ello, la oposición reaccionó como si se tratara de una dictadura populista. Durante aquellos meses de locura, oficialistas y opositores actuaron como si estuvieran frente a una revolución, cuando en verdad se trataba de una medida normal de un gobierno que siempre se movió dentro de los límites de la democracia y el capitalismo

Como señalamos en aquella oportunidad, Kirchner podrá ser un buen o un mal presidente, pero nunca podrá ser un héroe o un tirano.

Las cosas fueron cambiando. Cuando decidió impulsar la ley de medios, el Gobierno alentó un amplio debate ciudadano, con foros en todo el país y una participación intensa de las organizaciones que desde hace años venían defendiendo la iniciativa.

Estos casos confirman una idea que puede parecer obvia pero que en la intensidad del debate argentino vale la pena subrayar: es posible impulsar proyectos transformadores, sin tirar la casa por la ventana.

Desde luego, esto no implica caer en la ingenuidad de los mundos sin conflictos.

Toda decisión de política pública produce inevitablemente ganadores y perdedores, y pensar que es posible adoptar medidas que afectan intereses y valores sin generar resistencias es una estupidez que no se sostiene.

El primero es el proyecto de ley de entidades financieras elaborado por Carlos Heller, que reemplaza la norma sancionada por la dictadura por una nueva, donde se establece que el 40 por ciento del crédito se destinará a las pymes y microemprendimientos, se fijan límites a la concentración de depósitos y se establecen topes a los costos de las transacciones.

El segundo es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, copyright de Mercedes Marcó del Pont, para ampliar los objetivos de la entidad, hoy limitados por ley a proteger el valor de la moneda y establecer una coordinación más directa con la política económica.


A diferencia de los anteriores, el tercer proyecto nunca entró al radar oficial: me refiero a la sanción por ley de la Asignación Universal para la Niñez, implementada mediante un decreto de necesidad y urgencia y corregida luego a través de diferentes disposiciones del Ejecutivo. Como sostiene el ex viceministro Daniel Arroyo, el riesgo no es que un futuro gobierno elimine las asignaciones ya concedidas, pues el costo político resultaría altísimo, pero sí que cierre el registro a nuevos beneficiarios.


El momento parece propicio. En un clima social diferente al del año pasado, el Gobierno ha recuperado parte del amor popular perdido y viene ensayando una reconciliación con sectores que hasta no hace tanto tiempo le daban la espalda. Lentamente, los referentes más duros de la oposición, que asumieron el liderazgo del no kirchnerismo luego de las elecciones de junio, han ido dejando espacio a dirigentes que parecen cultivar una oposición más suave: el proyecto de 82 por ciento móvil elaborado por el socialismo, el GEN y Proyecto Sur –que a diferencia del presentado por la UCR, la Coalición Cívica y el PRO tiene la delicadeza de mencionar las fuentes de financiamiento– puede ser un indicio.


En este contexto, sería insensato morder la carnada e indignarse por las presiones de la Iglesia o la Sociedad Rural. En primer lugar, porque para eso están las corporaciones, para defender sus intereses frente al poder político, del mismo modo que lo hace Techint o el Sindicato de Camioneros o la cámara de exportadores de aceitunas con carozo. Pero también porque, en una mirada más serena de la coyuntura, no es difícil intuir las razones que se esconden detrás del tono de los más duros. Mi tesis es que un gobierno menos confrontativo, que no está dispuesto a morder otra vez el anzuelo de la confrontación pública, explica discursos como el de Biolcati, casi casi tan asombroso como el vestido que lució Patricia Sosa en el show de apertura.

Fuente: El anzuelo

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